El Gobierno propone dar 780 euros al mes a los discapacitados con asistente

   El Gobierno propondrá hoy a las comunidades autónomas conceder una paga de 780 euros mensuales para los discapacitados más graves que requieran un asistente personal para desarrollar actividades básicas de la vida y acceder a la educación o al trabajo. El Ejecutivo prevé también que los dependientes paguen el 90% de los servicios que reciban siempre que su capacidad económica supere los 59.900 euros anuales; no pagarán nada quienes sólo ingresen 500 euros al mes. Los grandes dependientes contarán con un máximo de tres horas diarias de ayuda a domicilio.

   El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales que preside Jesús Caldera entrega hoy a las comunidades autónomas las últimas propuestas sobre la Ley de Dependencia que ambas partes tendrán que discutir, puesto que las ayudas y los servicios a los discapacitados se financiarán a medias entre las dos administraciones. La semana pasada, Caldera anunció que los familiares que cuiden a los grandes dependientes (ancianos, discapacitados) podrían percibir hasta 487 euros al mes. En la propuesta que hoy conocerán las comunidades se recogen 780 euros para los trabajadores que asistan personalmente a los discapacitados más graves. Para los grandes dependientes que presenten una necesidad menos aguda (nivel 1) se prevén 585 euros como máximo. La capacidad económica del beneficiario se tendrá en cuenta para establecer la cuantía concreta que se recibirá (ver gráfico).


   Así se recoge en los borradores que completan la Ley de Dependencia aprobada el pasado diciembre. Esta nueva ley estará en pleno rendimiento en 2015 y hasta entonces habrá contado con una inversión de 26.000 millones de euros. Sólo las ayudas y los servicios para los grandes dependientes, aquellos que no se valen por sí mismo para desempeñar tareas básicas y cotidianas (higiene, alimentación, movilidad), entrarán en vigor este año. Se calcula que son unos 200.000.


   Los últimos borradores que quedaban pendientes recogen además estas novedades:


- Horas de asistencia. La ayuda a domicilio para atender algunas actividades cotidianas y cubrir las necesidades domésticas será de dos a tres horas diarias de media en los casos más graves. Las mismas horas de ayuda personalizada recibirán aquellos que estén ingresados en residencias de forma permanente, aunque en los casos que necesiten cuidados especiales (problemas psicogeriátricos, daño cerebral profundo) podrán recibir atención personal hasta 105 horas mensuales. El texto prevé estancias temporales en las residencias cuando los familiares que cuidan a estas personas estén de vacaciones, convalecientes o en fines de semana. Pero esta estancia está sujeta a la disponibilidad de plazas, algo que, por ahora, es prácticamente una quimera.


   Cuando el usuario esté en Centros de Día o de Noche, las horas de atención personal propuestas van de 40 a 70 mensuales, las mismas para los casos de dependencia severa, con independencia del servicio que se reciba. Esta asistencia se determinará cuando se evalúen individualmente las necesidades de cada usuario del sistema.


- Lo que aporta el usuario. El Consejo Territorial (Gobierno y comunidades), que se reúne el jueves, decidirá cuánto ha de aportar el beneficiario en el coste de los servicios, según la capacidad económica de cada uno, que se determinará por su renta y patrimonio. No pagarán nada aquellos cuyos ingresos sean iguales o inferiores a 499,20 euros mensuales. La aportación máxima será del 90% del coste de los servicios que se reciban. La propuesta del Gobierno para este año es que aquellas personas cuya economía supere los 59.904 euros anuales hagan frente al 90% del coste. La participación media irá del 27% al 33% y del 18% al 22% cuando el discapacitado viva en su domicilio y reciba sólo servicios asistenciales.


   Para determinar la capacidad económica del usuario no se tendrá en cuenta su vivienda habitual. 

   El Gobierno añade un texto alternativo para debatir con las comunidades que especifica que la vivienda no se computará como patrimonio cuando el beneficiario reciba servicios o prestaciones "en los que debe continuar residiendo en su domicilio".

- Quién y cuánto puede cobrar. Las prestaciones económicas las recibirán aquellos dependientes que necesiten algunos de los servicios previstos (ingresar en una residencia, en Centros de Día o Noche o ayudas a domicilio), los que cuenten con un familiar que los atiende o los que requieran un asistente personal para promocionar su autonomía personal. Esto último está pensado para trabajadores discapacitados que requieran ayudas para algunas actividades cotidianas o para acceder al trabajo o al centro de estudios, aunque en la ley ya no figura que tengan que ser menores de 65 años necesariamente. Para poder ingresar en una residencia hay un requisito insoslayable, que haya plazas. Para recibir los cuidados de un familiar (en manos de quien están miles de ancianos) la condición es que la ayuda se preste en "el domicilio habitual" y que la vivienda esté adaptada.

Los grandes dependientes percibirán por recibir un servicio o por un asistente personal hasta 780 euros y por cuidados de familiares hasta 487 (ver gráfico).


ALGUNAS CONDICIONES PARA CUIDADORES Y DISCAPACITADOS

   Los grandes dependientes que necesiten un asistente personal deberán tener capacidad para "determinar los servicios que requieren e impartir instrucciones" al cuidador. El asistente debe cotizar a la Seguridad Social.


   Los usuarios que tengan recursos deberán pagarse "los gastos de manutención y hoteleros". Los que ya estén en residencias públicas contribuirán igual que ahora, salvo que con la nueva ley les salga más ventajoso.


   En los pueblos pequeños, el cuidador puede no ser un familiar si lleva dos años viviendo cerca del discapacitado.


   La capacidad económica del usuario se determina por su renta, modificada al alza en unos porcentajes del 1% al 6% sobre el patrimonio que exceda el mínimo a declarar.


   Si la persona dependiente se traslada a otra región, la comunidad de origen se hará cargo de las prestaciones como máximo tres meses.

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